A 23 años de los Acuerdos de Paz de Chapultepec
Armando Briñis*
Hace hoy 23 años, en el Castillo de Chapultepec, México, se firmaron los acuerdos de paz que dieron fin a la cruenta guerra civil salvadoreña. Más de 80 mil muertos y desaparecidos, 1 millón de desplazados, 40 mil lisiados o heridos físicos y pérdidas económicas invaluables, fueron el resultado más palpable de esta conflagración.
Evaluando el momento histórico es objetivo asegurar que por este acuerdo de paz y por primera vez en la historia salvadoreña, la Oligarquía y el ejército, policía y organizaciones paramilitares; como vehículos de la represión más descarnada contra el pueblo, sufrieron la fractura del poder total detentado hasta ese momento y desde la propia independencia del país en el siglo XIX.
A su vez el hasta ese momento reconocido internacionalmente como el insurgente Frente Movimiento de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), arriba a la palestra política salvadoreña y como partido político en las primeras elecciones donde participa, se convierte en la segunda fuerza política del país solo superado por el entonces partido de gobierno, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Hoy el FMLN, es el partido de gobierno por segunda ocasión en los anales del país.
La sumatoria de los elementos favorables y desfavorables luego de la firma de los acuerdos y a lo largo de estos años, nos arrojan una imperfecta democracia en los salones políticos de El Salvador, una economía neoliberal en crisis estructural sistémica, a lo cual le podríamos agregar a un Estado Salvadoreño que ha pedido perdón por asesinatos selectivos de los escuadrones de la muerte y los asesinatos masivos de las entonces fuerzas élites del ejército contra la población civil del país; pero que mantiene sus carencias en materia de derechos humanos.
La deuda de los acuerdos es inmensamente grande. Los verdaderos responsables, los autores intelectuales de la muerte del Obispo Mártir Oscar Arnulfo Romero, de Ignacio Ellacuría y los mártires de la Universidad Centroamericana, de las masacres del Sumpul y del Mozote, se pasean libremente o toman sol en las playas de Costa del Sol o del Tunco, hasta las playas de Miami, al amparo de una Ley de Amnistía que debe ser inmediatamente derogada, los culpables enjuiciados y castigados por sus crímenes de lesa humanidad, con lo cual no llamamos a la venganza, hacemos el llamado de la memoria histórica y del perdón.
Una economía salvadoreña que está en crisis, sin crecimiento y dependiente de las remesas, de los capitales internacionales y las finanzas extranjeras, necesita de verdaderos cambios estructurales a favor de las amplias mayorías empobrecidas, desempleadas o subempleadas, así como del desarrollo de una economía solidaria, ecologista y verdaderamente nacional.
La democracia tradicional y sus supuestos tres poderes, que para colmo se encuentra secuestrada por los grupos de poder político, debe ser barrida hasta sus cimientos, dando paso a una democracia participativa, donde el poder lo sustenten las y los salvadoreños, el castigado pueblo de El Salvador, el que siempre a sufrido las consecuencias de la explotación y el desamparo, no la minoría que dice representarlo.
Es hora de que los acuerdos de paz no sean motivo de recordación de un día del año, sino el referente de los urgentes e inaplazables cambios que necesita el país.
*Investigador y catedrático de la ULS.