¿Qué hacer con la violencia e ingobernabilidad en El Salvador?
Francisco B. Mina
Cada día es más frecuente escuchar de boca de académicos, especialistas en seguridad y de la población en general, la pregunta ¿cómo y cuando terminará la violencia que prevalece en El Salvador? Pregunta de difícil respuesta; pero pertinente en este momento en que vivimos.
Al respecto hay un debate que se libra en los llamados medios masivos, unos de manera más noticiosa y otros de manera más teórica, con o incluso fuera de la academia. Por su parte el gobierno señala que el fenómeno es esencialmente delincuencial y que es un asunto de la Policía Nacional Civil (PNC), los órganos de justicia (tribunales y fiscalía) y las fuerzas armadas cada vez más inmersas en el fenómeno. Consideran que la colaboración entre las instituciones antes mencionadas y el enfrentamiento directo a las maras y pandillas conducen a su eliminación, “las bandas criminales están actuando con irracionalidad. Hemos tomado medidas para combatirlas. No hay espacio para el diálogo con criminales”, subrayó el gobernante en conferencia de prensa desde Casa Presidencial.
Mientras otros analistas e incluso miembros del gabinete de gobierno, apuntan a la raíz social del problema, a partir de que en cifras se considera que el 8 % de la población (500 mil personas) se involucran en este “fenómeno social” como forma de vida, otras cifran son superiores incluso.
Al respecto en los medios de comunicación y en la población nos encontramos con conceptos que cada vez son más frecuentes. Se ha comenzado a llamar como: “bajas y abatidos” cuando muere un agente de seguridad o un miembro de pandillas o maras. “Baja” es una categoría militar que hace alusión a los fallecidos en un enfrentamiento armado. También es frecuente escuchar el concepto: “combate, enfrentamiento, batalla”.
Por su parte una investigación sobre la situación de seguridad en El Salvador realizada por la UCA, afirma que en los últimos 23 años se han asesinado 73 mil personas (sin contar 2015 y lo que va del 2016). Respecto al número de desaparecidos no se tienen registros expone la investigación, pero del año 2009 al 2013 fueron reportados 4,786 casos de desaparecidos. Este número de víctimas es bastante proporcional con las víctimas de los 12 años de guerra civil.
A la vez se observa que estos grupos tienen y mantienen territorios controlados y se está al tanto de reclutamiento de nuevos jóvenes para engrosar sus pandillas. Tienen un sistema de recaudación económica o renta, no se sabe con exactitud a cuanto asciende al año, pero se cree que el destino es comprar armas, pagar abogados, ayudar a las familias de sus fallecidos.
Los atentados contra miembros de instituciones de seguridad y las sospechas de acciones planificadas han preocupado al gobierno y lo ha impulsado a la creación y despliegue de tres batallones de reacción inmediata de la Fuerza Armada, que están involucrados en tareas de seguridad pública, elemento criticado por organizaciones de derechos humanos que aducen la posibilidad de violaciones masivas y ejecuciones extrajudiciales.
Pero, ¿cuál es la naturaleza de este conflicto, cuáles son sus causas y posibles soluciones? Opinamos que estas respuestas están en que cuando se firmó la paz se renunció a la postguerra sin eliminar las causas estructurales que generaron el conflicto, es decir, las abismales diferencias entre los que tienen todo y los que no tienen ni para sobrevivir.
Efectivamente, la negociación no tocó los temas estructurales, con los “Acuerdos de Paz” se renunció a la guerra; pero estos no eliminaron el conflicto social y las causas que lo activaron, como: la exclusión, la pobreza y la humillación abrumadora que sigue sufriendo el pueblo. Además de estas causas estructurales e históricas, el pueblo quedó con nuevas heridas abiertas y sin ningún tratamiento da sanación y cicatrización.
Otro elemento que vino a agravar la crisis socio-histórica no resuelta fue la aplicación del modelo capitalista neoliberal de forma violenta, como ideología y como sistema económico que no responde a principios de justicia social, ni asegura una existencia digna del ser humano. Así, el mercado gobierna toda la sociedad y el ser humano que no tiene capacidad de consumo es desechado y excluido por el mismo sistema, activando el viejo conflicto social no resuelto. Entonces personas de la periferia marginada del sistema, decide sobrevivir y comienza a pedir su pedazo en el reparto del pastel, siendo el caldo de cultivo de estas maras y pandillas que nacidas en Estados Unidos, vinieron a buscar un espacio cuando muchos de ellos fueron repatriados por delitos de diferentes grados cometidos en ese país. Las cifras señalan 54 mil repatriados hasta el 2014.
A la vez en lucha y confrontación entre grupos rivales por los “mercados” para sus extorsiones y cobro de rentas a los pequeños y medianos negocios, estos han formado un modo de vida propio, como productos de la dictadura de mercado que prima en el país.
En resumen, necesitamos un nuevo contrato social que refunde el Estado, la violencia que supuestamente debe ser monopolio exclusivo del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, al ser debilitado y privatizado perdió el monopolio del control y la capacidad de intervenir de forma directa en la situación a favor de la sociedad. Además, necesitamos una más equitativa distribución de la riqueza del país, no es justo que 160 personas acumulen el 87% del Producto Interno Bruto nacional (Informe OXFAM, 2015).
También necesitamos una reforma estructural de la educación que sitúe en el centro a la persona humana. Y hay que preguntarse con honestidad si es necesario tener un acercamiento con estos grupos generadores de inseguridad y para ello es necesario involucrar a toda la sociedad nacional e incluso organizaciones internacionales.
El conflicto social que vivimos no es un error, ni una casualidad, es el reflejo de la crisis de los paradigmas dominantes, y la renuncia de la postguerra como espacio de transición para trabajar en la erradicación de las causas generadoras de la violencia. Si no se resuelven los graves problemas estructurales del país no se resolverá la crisis de gobernabilidad y violencia en la que vivimos.
*Colaborador de la Universidad Luterana Salvadoreña.