Balance de las disposiciones extraordinarias y transitorias en materia de seguridad
Daniel B. Mina*
El pasado 1 de abril, el jefe de Estado salvadoreño dio luz verde a un grupo de disposiciones extraordinarias y transitorias para cortar la cadena de delitos generados fundamentalmente, desde centros penales donde están detenidos los principales cabecillas de las pandillas y maras. A la vez se puso en funciones fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil y de las Fuerza Armadas Salvadoreñas (FAS), a lo cual podríamos agregar la movilización de reservistas para tareas de seguridad.
El resultado en este sentido ha sido que en poco más de un mes, al menos los asesinatos se redujeron alrededor del 50 por ciento y se logra apreciar por lo menos los primeros signos favorables en este tema (seguridad pública). No obstante, recientes análisis de sectores de la oposición al gobierno, como el caso de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES), consideran que es muy poco tiempo para valorar estos iniciales resultados como una tendencia definitiva, a la vez que hacen énfasis en los denunciados casos de ejecuciones extrajudiciales por elementos de la PNC y la FAS.
A la vez, al menos tres encuestas de opinión revelaron en días recientes una mejoría de la percepción de los salvadoreños sobre el trabajo del gobierno del partido FMLN del profesor Salvador Sánchez Cerén y de acuerdo con el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, el giro en las percepciones ciudadanas se debe a los logros en materia de seguridad, no solo en los últimos días, sino en relación con todo un proceso que lleva a cabo esta administración. “La población está viendo que hay avances en seguridad, educación, economía y salud, entre otros ámbitos”, apuntó en entrevista con un canal de la televisión.
“Sí se puede derrotar a la delincuencia y ya se ha iniciado el camino. Hay evidencias concretas”, enfatizó el funcionario de la actual administración al referirse a la disminución homicidios y extorsiones, luego de la puesta en marcha del grupo de medidas antes mencionadas para frenar la violencia en el país.
Además de estas acciones, el gobierno ha señalado que impulsa un plan integral para cortar el ciclo de la violencia en El Salvador provocado por esas estructuras que tienen una larga data de hace más de dos décadas, o lo que es lo mismo desde los tiempos de los gobiernos del hoy partido en la oposición: ARENA.
Por otra parte debemos considerar también hasta qué punto el programa “El Salvador Seguro”, esquema esbozado en Plan de Gobierno que llevara a la presidencia a Sánchez Cerén, se mantiene, se le han realizado cambios o no se está aplicando; y al respecto consideramos que la situación de una crecida geométrica de los índices de homicidios obligó al gobierno a readecuar su política de seguridad a partir de lo cual se decidió aplicar estas nuevas disposiciones extraordinarias y temporales que no se incluían en el plan antes mencionado.
No obstante, es una necesidad de primer orden hacer un llamado de alerta en el debido y obligado respeto a los derechos humanos de miembros de las estructuras criminales hechos prisioneros por la PNC y la FAS, especialmente en momentos de enfrentamientos. No se puede justificar bajo ningún concepto asesinatos de detenidos o heridos, nadie tiene derecho a declararse juez y ejecutor. Si aceptamos ésta situación estaríamos volviendo a un pasado de violencia, crímenes y muertes.
Semejante tragedia mañana nos puede pasar factura, a la vez que volveríamos otra vez a la criminalización de las infancias y juventudes en situación de pobreza, parecería que todos son terroristas, sin derecho a justicia, ni a presunción de inocencia, ni ha debido proceso.
*Colaborador de la Universidad Luterana Salvadoreña