El fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía y su opción de justicia
Daniel B. Mina*
La historia de El Salvador nos dice que la ley de amnistía, simplemente fue una ley que ordenaba que nadie pudiera ser perseguido por sus anteriores acciones genocidas y de asesinatos de lesa humanidad, es decir, que ordenó a los tribunales el olvido de ellas, que tales delitos se olvidasen.
Con una guerra civil plagada de asesinatos masivos por parte del ejército salvadoreño, especialmente sus unidades élites o batallones de lucha contrainsurgente (pagados y financiados por los entonces gobiernos de los Estados Unidos), por los escuadrones de la muerte, pagados y financiados por los poderes fácticos del país y en tercer lugar por asesinatos cometidos por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), olvidar se convierte en una carga insoportable para las víctimas y familiares afectados.
En la teoría del Derecho Positivo la amnistía, surge por dos motivos: reparación total o parcial de una injusticia, en favor de quien ha sido indebida o excesivamente castigado; o la conveniencia de reconciliar y devolver la paz a una sociedad destrozada por ciertos sucesos políticos. La amnistía, borra determinados hechos del pasado; causando la extinción de la responsabilidad penal, porque desaparece la figura delictiva.
El 15 de marzo de 1993, en nuestro país se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad, organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, para investigar atroces crímenes y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto bélico. Esta Comisión determinó la responsabilidad de las partes involucradas en el conflicto. Cinco días después la entonces Asamblea Legislativa, promulgó la «Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz».
La amnistía supone un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Es por esta razón, que dicha figura, es frecuente en momentos de cambio social o de régimen político y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, puede ser objeto de polémica, ya que puede derivar en la impunidad de quienes ejecutaron graves hechos durante un régimen anterior, como es evidentemente en el caso salvadoreño.
Organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, durante años, exigieron la declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía, objetando que transgredía el derecho a la justicia, y el derecho a la reparación de las víctimas. El pasado miércoles, la Sala de lo Constitucional, se pronunció en relación al tan anhelado falló a favor de las víctimas y los familiares de estás.
Sin embargo, los protagonistas y victimarios del pasado conflicto armado se oponen de manera resuelta, argumentando que se da un paso atrás en el proceso democrático del país y porque según ellos no responde a los supuestos nuevos retos del país.
Resulta realmente chocante ver a los actores de todos los partidos políticos, concentrando esfuerzos para pronunciarse en contra de la Sala, ante la posibilidad de que acusados de crímenes de lesa humanidad, que actualmente se encuentran en sus esferas políticas, sean juzgados. Revelando a todas luces, que nunca fue prioridad asumir la reparación de los daños a las víctimas. La posición más significativa es la del partido FMLN, anterior paladín en la defensa de la necesidad de un fallo como el que se ha realizado.
Consideramos que el fallo de la Sala, ha sido muy significativo, ya que marca un momento importante en la búsqueda de la verdad, no importa si fue un “combo” de fallos u otras objeciones irrelevantes ante la magnitud de lo que se ha legislado en este caso. Dejamos claro que no apoyamos otros fallos de la sala, especialmente los que tienen el sello de la oligarquía salvadoreña.
El partido FMLN debe en realidad trabajar por construir una sociedad mejor, más solidaria y más justa; mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas del país, concretando una sociedad política en favor del pueblo y en contra del neoliberalismo. Y para empezar debe dejar bien clara su posición a favor de lo que en el pasado apoyaron: justicia y reparación de las víctimas del conflicto civil.
*Colaborador de la Universidad Luterana Salvadoreña