Uso y abuso de los bienes del Estado
Mauricio Manzano*
En este mes de abril se han conocido algunas acciones por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, que han provocado sensaciones diversas en los ciudadanos. Para algunos estimula la reflexión, en otros espolea el desencanto y en otros aguijonea el disgusto y hasta excita rabia. Me refiero al uso y abuso de los bienes del Estado por parte de los políticos.
El primer suceso ocurrió los primeros días del mes de abril cuando se conoció la propuesta por parte de un partido político de reformar la “Ley de protección a personas sujetas a seguridad especial” con la finalidad de beneficiar con recursos del Estado el goce de seguridad a las diputadas y diputados propietarios salientes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano. Según ellos “son personas que integran la categoría de Alto Riesgo; por lo que es de interés nacional preservar su seguridad, dándoles protección hasta por un año posterior al período de cese de su elección”.
Suponiendo que un agente del PPI tiene un salario de $500 mensuales y se les asigna dos oficiales, esto equivale a $1000 mensuales por diputado. Si son 29 equivale a $29,000, constituyendo un gasto anual de $348,000, este monto sin agregar ningún tipo de prestación social. En un país que un 29.6% de los hogares se encuentran en pobreza. Un 5.7% en pobreza extrema y el 20.5% en pobreza relativa. En el área rural un 36.0% de hogares se encuentran en pobreza, el 9.8% en pobreza extrema y el 26.2% en pobreza relativa (EHPM, DIGESTYC, junio 2014). No deja de ser una acción que viola la igualdad jurídica, todos somos sujetos de protección y seguridad especial porque “todos somos iguales ante la ley”
El segundo suceso es el acuerdo de pago de un bono del 76.30% sobre el aguinaldo neto a los diputados salientes y empleados que finalizarán sus labores en la Asamblea el 30 de abril. Los diputados explicaron que fue un acuerdo «unánime» para favorecer a legisladores y empleados que se irán de la Asamblea. Según los diputados que conservan sus curules los salientes tienen derecho a cuatro meses del bono. En total, la Asamblea gastará $53,842.37 este año solo para pagar el bono a los 29 diputados que se irán el próximo 30 de abril.
El tercer hecho de la Asamblea es el contrato de gastos de $1.6 millones en hoteles, boletos, combustible, mantenimiento de carros, internet y alimentos. El 15 de abril se publicó que la Asamblea Legislativa adjudicó dos contratos de arrendamiento en hoteles por $150,000, tres para comprar boletos de avión por $544,056 y uno de insumos alimenticios para personas por $123,409. Los tres gastos suman $817,465.
Si estos gastos se mantienen durante los tres años que dura el periodo de diputados significa que se gastarían en tres años 2,452,395 dólares, si hacemos el cálculo por cinco años, según la propuesta de ampliar el periodo, el dato es espeluznante en relación con los ingresos de la clase trabajadora.
Por último, que no es lo último, se conoció el 24 de abril que la Asamblea Legislativa inauguró las oficinas que ellos llaman “Villa Dueñas”. Consiste en la remodelación de un inmueble sobre la calle Juan Pablo II, que fue comprado al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en el 2013 por la cantidad de $4.8 millones. Se conoció por los medios que el total del costo de estas oficinas por parte del Parlamento es de $6,966,052.26 (cifras dadas por COMPRASAL).
En fin, las acciones de los diputados no están en consonancia con las finanzas de un país con una fuerte crisis económica y un endeudamiento galopante. Asimismo, no está en conformidad con la realidad de pobreza de muchos salvadoreños a los cueles dicen representar y no está en equilibrio con la inseguridad a la que se enfrenta el pueblo cada día. El pueblo demanda de funcionarios austeros que den testimonio de solidaridad y coherencia, no de funcionarios rodeados de confort, incoherentes y alejados de las necesidades de la población. El pueblo no requiere de funcionarios que usen y abusen de los escasos recursos del Estado.
*Docente e investigador de la Universidad Luterana Salvadoreña.